Aunque la Fiscalía continúa citando a miembros tanto de la Comisión Nacional de Primaria como de las juntas regionales, así como a los integrantes de la ONG «Súmate», se observa que la intención de privar de libertad a algunos de ellos parece estar perdiendo fuerza, ante la perspectiva de lo que comentábamos en anteriores editoriales: “nada que ganar, mucho que perder”. Es plausible que el gobierno haya reconocido que su línea de persecución podría tener más costos que beneficios. No obstante, es importante subrayar que aún no se puede descartar completamente esta ruta de acción con la intención de utilizar la amenaza contra los miembros de la comisión como posible carta de intercambio por sanciones en sustitución de la habilitación política, chantaje para el cual el gobierno norteamericano no pareciera tener ninguna disposición.

A fin de desviar el foco de atención mediática, el gobierno actual ha cambiado su estrategia para centrarla en obtener el apoyo en la disputa por el territorio del Esequibo que se espera unifique al país ante una causa patriótica común, pero que al mismo tiempo le serviría para poner a prueba y optimizar la maquinaria organizativa de cara a las futuras elecciones presidenciales.