Tras el anuncio de la celebración de nueva o diez procesos electorales en Venezuela (los mismos voceros oficialistas aún no se ponen de acuerdo y cuesta imaginarse de donde saldrán tantas elecciones) y el nerviosismo de quienes siempre aspiran a un cargo, es importante analizar los principales argumentos a favor y en contra de la participación electoral, contextualizando las dinámicas políticas del país bajo un régimen político que se ha venido autocratizando progresivamente desde su llegada al poder y mucho más tras la muerte de Chávez y las derrotas en la parlamentaria de 2015 y la de julio de 2024 cuando, a diferencia de otras oportunidades, se impone un resultado electoral “de facto” para mantener el poder “por las buenas o por las malas”, a pesar de que la documentación existente prueba una derrota electoral inédita de parte de una oposición que al menos le sacó el doble de votos
Benigno Alarcón Deza 27.01.25
Iniciando el 2025 Nicolás Maduro anunció que este será un año electoral, con al menos nueve procesos que incluirán las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos municipales, asambleas legislativas regionales, así como la Asamblea Nacional y, posiblemente, una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo será la reforma que se pretende hacer a la Constitución de Chávez.
Este anuncio se hace en un intento por “normalizar” la situación de un país, que el gobierno pretende presentar como democrático ante el mundo, a pesar de la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024. Esta convocatoria, como es lógico, ha reavivado el debate sobre la legitimidad de las instituciones y de los procesos electorales en Venezuela. Sin embargo, la pregunta que persiste es si la oposición y la sociedad civil deben participar o no en los procesos convocados, dada la evidente falta de condiciones mínimas para una contienda democrática.
Contexto electoral y político en Venezuela
Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, el país experimentó una serie de reformas políticas que culminaron en una concentración progresiva del poder en el Ejecutivo y la eliminación de todos los balances y contrapesos propios de una democracia. La instauración de un sistema autocrático y la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como plataforma política del chavismo, facilitaron la consolidación de un autoritarismo competitivo durante el gobierno de Chávez. Tras su muerte en 2013, Nicolás Maduro heredó el poder, después de una elección presidencial que dejo muchas dudas y cuestionamientos, y una gestión que se ha caracterizado por un profundo deterioro de las condiciones electorales, una creciente represión política y un control absoluto sobre instituciones clave, mutando a un régimen autoritario hegemónico en el que lo electoral, como mecanismo de legitimación del poder político, pasa a segundo plano.
Es así como llegamos a las elecciones presidenciales de 2024, que estuvieron marcadas por graves irregularidades, como fue reconocido por los expertos electorales del Centro Carter y Naciones Unidas. La oposición, representada principalmente por la Plataforma Unitaria, denunció un fraude sistemático, alegando manipulación del voto, la exclusión de partidos, candidatos y líderes opositores, siendo el caso más notable el de María Corina Machado, y el control de los mecanismos electorales a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya subordinación al chavismo es ampliamente conocida. En este contexto, el régimen pretende convocar al menos nueve procesos electorales durante 2025, en un intento por “pasar la página” de los cuestionamientos, dentro y fuera de Venezuela, sobre el resultado de la elección presidencial de julio de 2024 y, en consecuencia, las dudas sobre la legitimidad y legalidad del gobierno.
La legitimidad del proceso electoral bajo un régimen autoritario
La legitimidad de las elecciones en un régimen autoritario, como el de Venezuela, es un tema central en el debate sobre la participación. En términos generales, la legitimidad de un proceso electoral depende de varios factores clave, como la transparencia, la equidad, la competencia y la libertad para que los votantes puedan expresar su voluntad sin coacción o fraude. Sin embargo, el sistema electoral de Venezuela bajo Maduro ha sido sistemáticamente caracterizado por la falta de estos principios fundamentales.
Esto ha incluido el uso de recursos públicos para asegurar la victoria de los candidatos oficialistas y la represión de partidos y candidatos opositores, que se ven excluidos del registro electoral o enfrentan inhabilitaciones o procesos judiciales diseñados para impedir su participación, además de la intimidación de votantes y testigos, que han sido prácticas comunes ampliamente denunciadas por observadores internacionales y nacionales.
La falta de independencia y transparencia del CNE y la ausencia de un marco legal y político imparcial ponen en duda la validez de cualquier elección convocada bajo estas condiciones. Además, la represión sistemática de la oposición y la exclusión de actores políticos claves refuerzan la percepción de que las elecciones son una mera formalidad para consolidar el control del régimen sobre las instituciones del país, como lo han denunciado en múltiples ocasiones diferentes instancias nacionales e internacionales, como las organizaciones nacionales de observación electoral, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y las misiones de Observación Electoral Europea que se han desplegado en Venezuela en 2006 y 2021.
La opción de la participación electoral: Argumentos a favor
Pese a las condiciones adversas, hay quienes defienden la participación en los procesos electorales como una estrategia válida para contrarrestar el autoritarismo y fortalecer a la oposición. Entre los principales argumentos a favor de la participación electoral se alega:
1. La necesidad de mantener la presión interna e internacional sobre el régimen. Participar en las elecciones podría ser una forma de seguir presionando al régimen tanto a nivel interno como internacional. Al participar, la oposición puede continuar denunciando la falta de transparencia y equidad del proceso, lo que permite poner de relieve las violaciones del régimen frente a la comunidad internacional.
2. Evitar el aislamiento político. El boicot total a las elecciones puede conducir a un aislamiento aún mayor de la oposición. La participación, incluso en un sistema viciado, podría evitar que la oposición pierda toda relevancia en la arena política. Algunos actores dentro de la oposición han manifestado en el pasado que participar es esencial para mantener el contacto con la base electoral y para no ceder ante la narrativa del régimen que busca presentar a la oposición como irrelevante.
3. Avanzar en la representación política. Otros alegan que, a pesar de las limitaciones del sistema, la participación electoral permite a la oposición ganar representación en espacios locales, como gobernaciones y alcaldías. Este tipo de representación podría ser crucial para organizar la oposición desde las bases, y facilitar la movilización social. Esta ha sido parte de la lógica de una buena parte de los partidos de oposición durante años, que se refuerza con las victorias obtenidas en algunas gobernaciones y alcaldías, así como en las legislativas de 2015.
4. Deslegitimar al régimen mediante la participación. Participar en las elecciones, a pesar de las irregularidades, también puede servir para “vaciar de contenido” el proceso electoral. La ausencia de legitimidad en el proceso electoral podría ser utilizada por la oposición para demostrar que, aunque el régimen controle el sistema, sigue habiendo una parte significativa de la población que rechaza su control absoluto.
Los riesgos de la participación en un sistema autoritario
Por otro lado, existen riesgos considerables en la participación electoral dentro de un sistema profundamente autoritario, que hoy son mucho mayores tras lo sucedido con en la elección presidencial del pasado 28 de julio:
1. Legitimación del fraude electoral. La mayor preocupación para muchos actores de la oposición democrática es que participar en nuevas elecciones, sin resolver lo sucedido en la elección presidencial, equivaldría a legitimar el resultado electoral oficial de la elección del pasado 28 de julio. Al hacerlo, el régimen reforzará su narrativa “democrática” para reclamar el reconocimiento internacional que hoy no tiene, algo que podría resultar en una mayor consolidación de su poder y legitimidad en el escenario global.
2. Desviación del foco en la lucha democrática. Centrar el debate político y las acciones en las nuevas elecciones equivaldría a “pasar la página”. La oposición democrática se estaría desviando del foco de atención de la lucha por el reconocimiento del resultado de la última elección presidencial, y por un cambio político estructural más profundo en todas las instituciones del país. La participación en un proceso viciado le permitiría al régimen ganar tiempo y reducir la presión por una verdadera transición democrática. Las elecciones sin condiciones mínimas son usadas por las autocracias electorales para simular un proceso democrático, sin que haya un cambio real en el poder, y legitimar su permanencia en el tiempo, tal como sucede en países como Rusia, Bielorrusia, Turquía, Hungría o Nicaragua.
3. Represión y fraude masivo. Además de un posible fraude electoral que puede dejar por fuera a un aspirante a partidos y candidatos de la oposición, e incluso al ganador de una elección, la participación en procesos como el venezolano pueden ser detonantes de la represión contra opositores que reclaman su derecho a participar o por un resultado electoral. Asimismo, aquellos que deciden postularse, sin un acuerdo previo con el gobierno, o deciden apoyar a candidatos de la oposición podrían enfrentarse a amenazas, detenciones o incluso violencia. El régimen ha mostrado en varias ocasiones su disposición a recurrir a la represión para silenciar cualquier intento de oposición, como ha sucedido en varias oportunidades, incluida la última elección presidencial.
4. Desgaste y fragmentación de la oposición. Otro riesgo, hoy en día uno de los más importantes, es la fragmentación de la oposición, que es justamente lo que el gobierno busca a través de los incentivos electorales. En un contexto como el actual, habrá partidos y actores de oposición que serán cooptados por el gobierno y que aceptaran acuerdos a cambio de cuotas de poder, que se traducirán en posiciones en gobiernos regionales, municipales o en la Asamblea Nacional, mientras que otros interpretarán la participación en las elecciones como una forma de concesión o rendición ante el régimen. Esta última percepción es la que pesa más entre la mayoría de los electores que se oponen al régimen y apoyan un cambio político en Venezuela. Afortunadamente, la mayoría de la oposición representada en la Plataforma Unitaria, que es la que concentró la casi totalidad de los votos de Edmundo González Urrutia, pareciera mantenerse unida.
En conclusión…
La decisión de participar o no en los procesos electorales convocados para 2025 en Venezuela, bajo un régimen que se ha vuelto profundamente autoritario, es compleja y llena de incertidumbres. Si bien existen argumentos a favor de la participación, como la visibilidad internacional de la oposición y la posibilidad de ganar representación política, los riesgos asociados, particularmente la legitimación del fraude y el fortalecimiento del régimen, parecieran pesar mucho más en el actual escenario.
Una transición democrática por la vía electoral es posible cuando se reúnen tres condiciones: el balance de poder se inclina a favor de los demócratas; los costos para el gobierno de intentar mantener el poder por la fuerza (costos de represión) son mayores a los costos de tolerar un cambio político (costos de tolerancia); y cuando las condiciones electorales permiten la participación de los partidos bajo condiciones de competitividad. En nuestro caso solo la primera condición, el balance de poder, al menos en lo referente a la legitimidad política, juega a favor de lo electoral como medio para una transición democrática, todo lo demás juega en contra de lo electoral como estrategia de cambio político.
A todo evento, resulta esencial que todo aquel que pretenda participar en una elección debe tener claro que ocupar un cargo de elección no dependerá del resultado electoral si no de una decisión del gobierno. A ningún líder político que represente algún peligro para el gobierno se le permitirá competir, y si se le permite, nunca llegará a ocupar el cargo, aunque tenga los votos, al menos que el gobierno tenga alguna certeza de poder controlarlo. El juego electoral para el gobierno ha cambiado y no está dispuesto a correr riesgos con nadie después de haberse equivocado y haber permitido una primaria en la que María Corina Machado legitimó su liderazgo nacional y derrotó al gobierno en la elección presidencial.
Pero al final del día serán los electores los que decidirán participar o no en el proceso. Quienes tengan la capacidad para comprender e interpretar mejor la voluntad popular serán premiados con la confianza para liderar las batallas futuras, mientras que quienes decidan nadar contra la corriente serán molidos por el trapiche de la historia.
Comentarios