Por Tulio Ramírez
A falta de cifras oficiales algunas organizaciones gremiales como la Federación Venezolana de Maestros (FVM), ha señalado que el déficit de docentes en inicial, primaria y secundaria es de aproximadamente un 60%, lo que representaría cerca de 250.000 docentes.
Sobre este déficit se ha venido advirtiendo en los últimos años. Ya desde 2018 se hablaba en el país de una emergencia humanitaria compleja en materia educativa. De hecho, la Asamblea Nacional de entonces elaboró un Acuerdo que declaraba a la educación en estado de emergencia. Uno de los rasgos de esta crisis para ese entonces, lo constituía la renuncia de gran cantidad de docentes.
El tercer considerando de este Acuerdo planteaba lo siguiente: “…la desalarización y bonificación del trabajo académico y pedagógico, trae como consecuencia la renuncia y el éxodo de miles de docentes en todos los niveles del sistema educativo, afectando particularmente los estados fronterizos; el irrespeto a la autonomía e independencia de los gremios y sindicatos, y la inexistencia del diálogo social; la violación de los instrumentos de regulación de las relaciones laborales en el sector, y la imposición de unas tablas salariales que liquidan la carrera docente al nivelar hacia abajo todos los sueldos y salarios”.
A seis años de este Acuerdo, la situación ha empeorado. Un maestro venezolano gana, en el mejor de los casos, 18 dólares mensuales, siendo el salario más bajo en toda América Latina. El tema salarial se agrava si se le agrega que la Canasta Básica Familiar en Venezuela para agosto de 2024 estaba en 539 dólares, cifra aportada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM).
Pero no solo el bajo salario ha desmotivado a los docentes. La inexistencia de beneficios sociales como la atención de la salud al grupo familiar y el beneficio de créditos blandos para adquirir o reparar viviendas otrora otorgados por el IPASME, han contribuido a la decisión de cambiar de oficio. Por supuesto, las condiciones precarias de trabajo, la falta de recursos en las escuelas y liceos, también han contribuido a acrecentar el descontento.
Muchos maestros han preferido dedicarse a otras actividades lucrativas para tratar de obtener ingresos adicionales con los cuales garantizar la sobrevivencia familiar. El asunto es que esta desvinculación no siempre ha supuesto la renuncia formal al cargo magisterial. Esto ha hecho difícil llevar una contabilidad cierta del número de cargos vacantes.
Tanto el presidente de la República como el ministro de Educación han adelantado algunos anuncios para estimular el regreso a las aulas. Por una parte, se han dado instrucciones para que los docentes en comisión de servicios en entes de la administración pública distintos a la docencia, vuelvan a las aulas. También se ha prometido desarrollar un plan para fortalecer programas de acceso a vivienda, salud y alimentación, así como subsidios de transporte y créditos que hagan atractivo el retorno.
Por otra parte, se ha hecho un llamado a los docentes jubilados para que se incorporen a sus labores bajo la promesa del otorgamiento de incentivos. Esta última medida se anunció para el año escolar 2023-2024, no verificándose éxito alguno.
Ahora bien, la falta de estímulo para ejercer la docencia ha repercutido de manera colateral en la intención por parte de los bachilleres en hacerse profesionales universitarios en el área. El desinterés para cursar la carrera docente se ha incrementado en los últimos años. La disminución continuada de la matrícula en estas opciones universitarias no puede explicarse solo por la diáspora.
Demos un ejemplo. Al revisar la página web de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (8 institutos pedagógicos diseminados por todo el territorio nacional), así como los registros de matrícula de las escuelas de Educación de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, se observa que para el año 2008 en estas tres universidades había una matrícula de 110.612 estudiantes, mientras que para 2023 descendió a menos de 40 mil, lo que representa una reducción del 64% aproximadamente.
Por supuesto, al reducirse la matrícula de manera continuada, se reduce año a año la cantidad de egresados. Los datos de estas universidades informan de una reducción de egresados para el 2022 del 88% con respecto a 2008. Si agregáramos los egresados de otras escuelas de Educación de las universidades e institutos de formación docente a cuyos datos no tuvimos acceso, la proporción del número de egresados en los años estudiados no variará significativamente.
Al hacer un análisis de regresión lineal para proyectar esta tendencia hasta el año 2032, bajo el supuesto de que las condiciones actuales de salario y beneficios sociales no variaran de forma importante, se observa que para ese período de 10 años, estas 3 universidades dejarían de graduar aproximadamente a 12.080 docentes, es decir, 1208 docentes por cada año.
Si nos quedáramos solo con esta proyección, con la salvedad de que faltarían por incluir los datos de egresados de otras universidades e institutos pedagógicos, los cuales, de seguro no aumentarían significativamente el total de egresados en Educación, se necesitarían unas 2 generaciones (50 años) para cubrir el déficit de profesores graduados. Aunque podría requerirse más tiempo, ya que cada año se desincorporarían más docentes por el cumplimiento de sus años de servicios.
Para finalizar es importante advertir que es difícil comprobar la cifra de 250 mil profesores que han abandonado las aulas, porque no hay cifras oficiales disponibles a los ciudadanos. Sin embargo, es un hecho público, notorio y comunicacional que cada vez hay más docentes que han dejado de asistir a sus labores. El gobierno ha reconocido el problema.
La otra arista tiene que ver con el hecho de que muchas ausencias han sido cubiertas a través de contrataciones de emergencia de personas sin ningún tipo de calificación docente. De tal manera que si unido a la ausencia de muchos docentes se suma la presencia de personas sin las competencias pedagógicas para atender esta ausencia, nos encontraríamos con una situación que atenta contra toda posibilidad de impartir educación de calidad a los más pobres, los cuales constituyen la gran mayoría en el país.
Revertir la tendencia aquí mostrada requiere no solo de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida del docente y hagan de esta una profesión atractiva para los bachilleres, también se necesita de un gran acuerdo nacional para dar prioridad a la educación. Debe asumirse como área estratégica para el desarrollo del país. El sistema educativo venezolano debe alejarse de cualquier misión ideologizadora, para enfocarse en garantizar una formación de calidad que permita a los ciudadanos escapar del círculo de la pobreza.
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