“El rescate de la institucionalidad, y por tanto de las reglas democráticas de gobernabilidad y convivencia, implican salidas a la crisis venezolana que pasan por la definición de una agenda electoral con garantías de transparencia y respeto al voto de los ciudadanos. Esta agenda incluye una Elección Primaria organizada por los partidos de oposición, que permita contar con una candidatura unitaria a presentar a las elecciones presidenciales anunciadas para el año 2024”.
Así lo señaló el Padre Raúl Herrera, s.j., Vicario de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, durante su intervención en la rueda de prensa convocada por Creemos Alianza Ciudadana del estado Lara y varias organizaciones representantes de 36 sectores de la sociedad civil regional en las áreas de salud, educación, derechos humanos, sindicatos y gremios empresariales.
En la reunión con los medios intervinieron representantes designados por estas instituciones para abordar diferentes temas, como Julio Gutiérrez (servicios públicos), Yonaide Sánchez (corrupción), Natalia Reverón (educación) y Marisol Bustamante (elecciones primarias).
En el comunicado leído ante los miembros de la prensa, se reconoce el importante empeño unitario que cristalizó en la designación de una Comisión Nacional de Primaria, presidida por Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y que está en manos de los sectores independientes. Y en el estado Lara, la CNP cuenta con una comisión regional recientemente instalada y comprometida con el impulso a un proceso que garantice el derecho al voto de los larenses.
Los voceros insistieron en que la reconstrucción pasa ineludiblemente por un cambio político. Y alertaron que en este momento lo grave es que el Consejo Nacional Electoral no ha abierto el Registro Electoral, lo cual estaría privando a más de 10 millones de ciudadanos venezolanos de ejercer su derecho a votar; entre los cuales se encuentran los jóvenes que votarían por primera vez, las personas que cambiaron de domicilio en los últimos años y los migrantes.
Metástasis de los servicios
Por otra parte, en el documento presentado ante los medios de comunicación social, se destaca que la emergencia humanitaria compleja que experimenta Venezuela desde hace más de un quinquenio se ha venido agravando. “Diversas evidencias del deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, de su creciente pérdida de medios de vida, sus precarias condiciones de alimentación y de salud y la persistente migración forzosa de más de 7 millones de ciudadanos, así lo confirman. Lo más preocupante es que las capacidades institucionales y los recursos financieros para atenuar, contrarrestar o solventar esos graves deterioros, están desmantelados y devorados por la Gran Corrupción”.
De hecho reiteraron que, hoy en día, Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del planeta, de apenas 6 dólares, lo que ha agravado la dificultad para acceder a la alimentación. En Lara, la proporción de personas en inseguridad alimentaria pasó del 18% al 38% entre marzo 2020 a marzo 2022.
En cuanto a educación, se destaca la deplorable condición de la infraestructura de los centros educativos, 54% de déficit en agua potable y aguas servidas, fallas severas en el Programa de Alimentación Escolar, 66% de déficit de docentes en instituciones públicas. Asimismo, los estudiantes asisten menos horas a los planteles, porque ha disminuido el número de días de clase. Natalia Reverón, Asociación Civil Mujeres de Frente en Lara, señaló que la calidad educativa se ha venido afectando en los dos últimos años, tendiendo a agravarse, y el Estado Lara no es la excepción.
La doctora Luzmila Leal, representante de Médicos Unidos capítulo Lara, aseguró que la salud no escapa de la grave crisis que se vive en el país. En Lara, 63% de la población presenta falta severa de medios económicos para cubrir requerimientos de salud; 80% dejó de acudir a centros de salud, el 90% de los hospitales tienen servicios inoperativos o cerrados y la pérdida de personal ronda el 80%, lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad.
Por otra parte, se resalta la situación de “metástasis” de los servicios públicos: agua potable, electricidad, gas doméstico, combustible y transporte público. En el caso del agua, entre marzo 2020 y marzo 2022, las restricciones en el servicio regular pasaron de 63,5% a 67,5%. Esto ha influido en el aumento de protestas públicas. Para el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros de Lara, el servicio eléctrico, y el suministro de agua potable y saneamiento ambiental se han venido a pique en la entidad por la centralización del Gobierno Nacional.
La gran corrupción
De acuerdo con lo expresado en el citado comunicado, la principal razón por la cual se ha producido esta emergencia humanitaria compleja está asociada a un intencionado desmantelamiento de todos los mecanismos de planificación, seguimiento, control y evaluación del gasto público, expresado en un progresivo desmontaje de la institucionalidad del Estado con una consecuente destrucción de la capacidad productiva del país y del suministro de servicios vitales.
La socióloga Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia Venezuela capítulo Lara, aseguró que la gran corrupción que existe en Venezuela es la causa la emergencia humanitaria que vive el país. Destacó que Lara es la entidad que más reportó obras inconclusas relacionadas a los servicios públicos.
“PDVSA, las empresas del Estado, las economías ilícitas y las obras inconclusas son algunos de los desaguaderos por los que se han perdido cientos de miles de millones de dólares. Como muestra, vale decir que en 246 obras inconclusas identificadas en 22 estados del país, se comprometieron 316.025.985.748 de dólares a manos de 124 entes responsables”. En el caso de Lara se perdieron más de 32 millones de dólares en 66 obras inconclusas en todos los sectores.
Las 36 organizaciones sociales finalizaron exigiendo el acceso a la información y la gestión pública al escrutinio de los ciudadanos como principales beneficiarios.
“Requerimos una administración pública transparente, que respete los derechos de los venezolanos y particularmente a los larenses, con garantía en el acceso a la información pública, y de la obligación de los funcionarios a informar, tal y como lo consagra la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
A continucación el comunicado:
Declaración de sectores de la sociedad civil larense
ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA Y DE LA GRAN CORRUPCIÓN, FORTALEZCAMOS LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA
La Emergencia Humanitaria Compleja que experimenta Venezuela desde hace más de un quinquenio se ha venido agravando. Diversas evidencias del deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, de su creciente pérdida de medios de vida, sus precarias condiciones de alimentación y de salud y la persistente migración forzosa de más de 7 millones de ciudadanos, así lo confirman. Lo más preocupante es que las capacidades institucionales y los recursos financieros para atenuar, contrarrestar o solventar esos graves deterioros, están desmantelados y devorados por la Gran Corrupción.
El salario más bajo del planeta
Hoy Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del planeta (Bs. 130,00/$6.07), mientras el salario promedio en América Latina es de $320[1] y el costo de la canasta alimentaria para enero de 2023 de $486.87[2]. Estos datos dan cuenta de la precaria vida diaria de más de 5 millones de pensionados, de miles de trabajadores asalariados activos, así como de todas las personas que reciben los irrisorios y espasmódicos ´Bonos de la Patria.
Inseguridad alimentaria y desnutrición infantil
Con tales ingresos, no debe sorprender que la mayoría de la población venezolana enfrente dificultades para acceder a la alimentación que requiere. Entre los años 2015 y 2022 se redujo la ingesta de calorías de la población en un 30.8% y la de proteína por persona al día de 77,7 a 17,9, poniendo en evidencia que 12,3 millones de personas se encuentra en inseguridad alimentaria y en este grupo 2,1 millones está en inseguridad alimentaria severa. La subalimentación o ´hambre crónica´ está afectando a más de 10 millones de venezolanos, exponiéndolos a daños para su salud y sus vidas (HUM Venezuela. Abril 2022).
En el estado Lara, la proporción de personas en inseguridad alimentaria pasó del 18% al 38% entre marzo 2020 a marzo 2022, en tanto el 92% de los hogares redujeron la cantidad y variedad de los alimentos que consumen presentando dificultades para su acceso a estos (HUM Venezuela. Abril 2022).
Metástasis de servicios públicos
Este deslave humano se está produciendo en el contexto de la ´metástasis´ de servicios públicos que sufre el país. La mayoría de su población carece de acceso a servicios regulares y de calidad de agua potable, electricidad, gas doméstico, combustible y transporte público. El imprescindible servicio de agua potable a los hogares muestra esta deplorable situación: 19,1 millones necesita un servicio de agua suministrado de forma regular; más de 15,9 millones pasan semanas y hasta meses sin recibirlo. Además, unos 21,2 millones de personas se encontraban expuestas a aguas con señales de contaminación y 4,4 millones carecen de medios para usar métodos de potabilización (HUM Venezuela. Abril 2022).
En el estado Lara, el deterioro en la prestación de este servicio se expresa en el aumento de personas con severas restricciones para el acceso al agua al pasar, entre marzo 2020 y marzo 2022, del 63,5% al 67,5% del total de la población. Asimismo, se expresa en el incremento en el mismo lapso de personas que reportan señales de contaminación del agua del 83,0% al 86,2% (HUM Venezuela. Abril 2022). Esta situación ha influido en el volumen de protestas públicas, al ser el segundo estado del país con mayor volumen de acciones de exigencia pública de calle, con 772 protestas.
Salud de la población a la intemperie
La población venezolana está desamparada de atención médica; así lo evidencia la situación de los centros de salud pública a los cuales se ve obligada a acudir más de 90% de la población. En los hospitales públicos del país se reporta una reducción de camas operativas del 63.1%, una disminución de la actividad quirúrgica del 70,8% y, en general, se presenta una severa escasez de insumos básicos o quirúrgicos (85%), equipos médicos dañados o inoperativos (83%) y salas de cirugía o pabellones inoperativos (74,5%), afectando a 19,1 millones de personas.
En Lara, el 63% de la población presenta falta severa de medios económicos para cubrir requerimientos de salud; un 80% dejó de acudir a centros de salud, el 90% de los hospitales tienen servicios inoperativos o cerrados y la pérdida de personal de salud ronda el 80% (HUM Venezuela. Impactos de la EHC. Estado Lara 2020-2021-2022). Este deterioro es responsable del aumento de la morbilidad y de una cantidad indeterminada de muertes prevenibles en personas que aún podrían estar entre nosotros de haber tenido acceso a un sistema de salud de calidad.
La educación no escapa a la crisis
La educación venezolana lleva años en crisis, mucho antes de marzo del 2020, cuando se suspendieron las clases presenciales por la declaratoria de pandemia COVID-19. En los dos últimos años esa crisis se ha agravado, y el Estado Lara no es la excepción. Respecto a la exclusión escolar, según ENCOVI 1.500.000 de la población entre 3 años y 24 años, está fuera de las aulas, y de acuerdo al estudio de Cecodap, “Estudiar entre ruinas”, [3] que incluye escuelas de Lara, se destaca la deplorable condición de las infraestructuras, 54% de déficit en agua potable y aguas servidas, fallas de cantidad, calidad y frecuencia en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por el orden del 55% y un 66% de déficit de docentes en instituciones públicas. La Red de Observadores Escolares, continuación de la Encuesta Nacional Escolar, que monitorea 79 planteles en varios estados, refiere en su informe de 2022 que de los docentes encuestados en Lara, un porcentaje que pasa el 50% llega a sus centros de trabajo a pie, ya sea por falta de transporte o por falta de dinero para hacerlo. Asimismo, los estudiantes asisten menos horas a los planteles, porque ha disminuido el número de días de clase. [4]
Centrífuga de la Gran Corrupción
La principal razón por la cual se ha producido esta Emergencia Humanitaria Compleja, como la ha denominado las Naciones Unidas, está asociada a un intencionado desmantelamiento de todos los mecanismos de planificación, seguimiento, control y evaluación del gasto público, expresado en un progresivo desmontaje de la institucionalidad del Estado con una consecuente destrucción de la capacidad productiva del país y del suministro de servicios vitales.
PDVSA, las empresas del estado, las economías ilícitas y las obras inconclusas son algunos de los desaguaderos por los que se han perdido cientos de miles de millones de dólares. Como muestra, vale decir que en 246 obras inconclusas identificadas en 22 estados del país, se comprometieron $316.025.985.748 a manos de 124 entes responsables.
El estado Lara vio perderse la cantidad de $32.106.860.635 en 66 obras de todos los sectores que nunca fueron terminadas violando el derecho de los larenses a la salud, la educación, el agua, la electricidad, una vialidad segura, la cultura, el deporte y un ambiente saludable.
La Agenda Electoral
El rescate de la institucionalidad, y por tanto de las reglas democráticas de gobernabilidad y convivencia, implican salidas a la crisis venezolana que pasan por la definición de una agenda electoral con garantías de transparencia y respeto al voto de los ciudadanos. Esta agenda –por ahora- incluye una Elección Primaria organizada por los partidos de oposición, que permita contar con una candidatura unitaria a presentar a las elecciones presidenciales anunciadas para el año 2024. Este importante empeño unitario se cristalizó con la designación de una Comisión Nacional de Primarias presidida por el Dr. Jesús María Casal, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en manos de los sectores independientes, y en el estado Lara cuenta con una Comisión Regional de Primarias recientemente instalada, comprometida con el impulso a un proceso que garantice el derecho al voto de los larenses.
Exigencias de la Sociedad Civil
Desde los derechos y compromisos ciudadanos, la exigencia fundamental es la de abrir la información y gestión pública al escrutinio de quienes debemos ser sus principales beneficiarios. Una Administración Pública transparente, respeto al derecho a saber de los venezolanos y larenses, garantía de acceso a la información pública, y la obligación de los funcionarios a informar, tal como lo consagran los artículos 51, 132, 142 y 143 de la CRBV, y artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establecen obligaciones y sanciones para los funcionarios que no las cumplan. El estado Lara cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública promulgada en el año 2010, Gaceta Ordinaria No. 13.468, que ampara estos derechos y que constituye un marco legal de referencia para su pleno ejercicio. Sin transparencia no hay democracia ni estado de derecho.
Ante una situación tan crítica de la población, la economía y las instituciones, el principal desafío de la sociedad civil es fortalecer sus espacios de interrelación, de articulación así como de generación de iniciativas y proyectos conjuntos, para favorecer la reinstitucionalización democrática del país, restituir el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos de toda la población.
La sociedad civil larense, que cuenta con importantes experiencias y organizaciones que históricamente han producido respuestas consistentes a los graves problemas señalados, expresa a través de las agrupaciones que suscriben esta declaración, el compromiso de aportar sus motivaciones, energías y aprendizajes, para enfrentar el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, así como su escrutinio, documentación y contraloría social para contener la gran corrupción y opacidad generadoras de sistemáticas violaciones de derechos humanos.
El poder está en los ciudadanos, ¡el compromiso es la clave!
¡Pallá vamos!
En Barquisimeto, a los treinta un día del mes de mayo del año dos mil veintitrés.
Organizaciones convocantes:
- Mujeres de Frente.
- Academia de Desarrollo Personal Cada Vez Más Libres
- Agrupación Ciudadana AGRUPA
- Asociación Civil Los Naguaritos.
- Asociación Civil Por un Mundo Mejor.
- Asociación civil Súmate.
- Campamento Cristiano Comunitario de Venezuela
- Catedra de DDHH de la UCLA.
- Colegio de Médicos del estado Lara
- Colegio de Ingenieros del estado Lara.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
- Comité por los DDHH de jubilados y pensionados del estado Lara.
- Concentrooccidente
- Concertación Ciudadana.
- Consejo Consultivo Ciudad de Barquisimeto (CCCB)
- Fundación Centro Gumilla.
- Fundación Defensa y Justicia.
- Fundación Emprendedores Solidarios.
- Fundación Pacientes Oncológicos
- FUNDAPOV
- Fundatamunangue
- Iribarren lucha
- Jóvenes sin Fronteras
- Justicia, encuentro y perdón
- Médicos Unidos de Venezuela Capitulo Lara.
- Movimiento DECODE
- Movimiento Unidos por el agua y los DDHH.
- Palavecino Emprende Lara
- Parroquia Jesús de Nazaret de la urbanización La Carucieña.
- Red de Instituciones larenses
- Sindicato de empleados de la gobernación del estado Lara (SEPEL).
- Sindicato de Empleados de la UNEXPO (SUEAUNEXPO)
- SOS Pacientes Renales
- Transparencia Ciudadana.
- Transparencia Venezuela.
- Voces de Concepción.
- Voces del oeste
[1] Cálculos propios sobre cifras de : https://es.statista.com/grafico/16576/ajuste-de-los-salarios-minimos-en-latinoamerica/
[2] https://eldiario.com/2023/02/22/sueldos-minimos-cubrir-la-canasta-basica-en-venezuela/#:~:text=E%20l%20Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n%20y%20An%C3%A1lisis%20Social,enero%20de%202023%20se%20ubic%C3%B3%20en%20486%2C87%20d%C3%B3lares.
[3] https://eldiario.com/2022/07/06/fallas-en-infraestructura-escuelas-venezuela/
[4] https://www.conlaescuela.com/red-de-observadores-escolares?lightbox=dataItem-l0ph81cv
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