Este martes 12 de julio, los vecinos de Baruta constituyeron una  Asamblea de ciudadanos, conforme al artículo 70 de la Constitución, con el objeto de deliberar sobre los reiterados problemas de construcciones ilegales, usos no conformes y desarrollos habitacionales con graves impactos ambientales, ocasionados por permisos de desmalezamientos que devinieron en deforestaciones, afectando la flora y fauna de los sectores Lomas de El Mirador y Lomas de la Alameda.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Integración Comunitaria Prados del Este, mejor conocido como Parque El Morichal, donde Judith Brazón, coordinadora regional de Creemos Alianza Ciudadana Miranda, dio las palabras de bienvenida en nombre de los co-organizadores de esta iniciativa, la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta explicando el objeto de la Asamblea  y manifestando que al final del evento se respondería la pregunta temática de la convocatoria: ¿Hacia dónde va el urbanismo de Baruta?

Seguidamente, se les concedió la palabra a los invitados especiales, Leopoldo Provenzali y Aurora Contreras, quienes resaltaron la importancia de tener un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para evitar el desorden y caos urbanístico que traen la construcción ilegal y las autorizaciones comerciales para uso no conformes o aquellas que producen impacto ambiental afectando la calidad de vida de los habitantes de Baruta. Criticó Provenzalli la proliferación de construcciones en Las Mercedes, aun cuando la población del municipio ha venido disminuyendo desde 2011; una tendencia acrecentada con las migraciones masivas producto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

Los vecinos ponentes pasaron a exponer las denuncias hechas ante la Alcaldía y en algunos casos ante el Concejo Municipal, sin respuesta alguna hasta el momento. 

Algunos casos

María Eugenia Párraga y Rafael Ángel González, vecinos de Bello Monte, se refirieron la violación de las normas de zonificación R3 de la urbanización Colinas de Bello Monte de tipo residencial a comercial sin que los vecinos hayan sido consultados. Las autorizaciones otorgadas sobre la base de la Sección Ramo 50 han convertido a la urbanización en un enorme centro comercial.

Marianela Rodríguez,vecina de Cumbres de Curumo, presentó tres casos: La operación irregular del Bodegón 33, en cuya construcción se tomó parte del retiro correspondiente a uno de los pasillos del Centro Comercial Cumbre. Igualmente se refirió al uso no conforme del “Patio Gastronómico”, un restaurante ubicado en un área residencial, cuyo propietario aduce que el lugar se destina a fiestas privadas y no es un negocio. Por último el uso no conforme de la Quinta Tamaneri, donde recientemente se ha instalado una puerta santamaría que evidencia la apertura de otro negocio.

Kioamara Scovino, miembro de la Asociación de vecinos de Prados del Este, puntualizó los graves problemas de uso no conforme que vienen ocurriendo en el sector, especialmente en la Calle El Comercio, amparados en el cambio de uso temporal que se hizo para la época en que se construyó el Centro Comercial Galerías Prados del Este.

Patricia Capello explicó que en San Luis, El Cafetal, se construyó el Club Corpoelec, cuya estructura amenaza con sepultar tres casas que colindan con el terreno en la montaña. No se midió el impacto que está obra podía causarle a los vecinos.

Reinaldo Marín presentó el caso del Parque Sorocaima, en la Trinidad, donde se produjo una invasión de personas que practican la hechicería. Desde hace años se solicita el desalojo, sin resolución satisfactoria a la denuncia.

Lorena Santelíz y Emily Méndez expusieron dos casos: las deforestaciones ocurridas en Lomas de El Mirador y Lomas de la Alameda, donde una  empresa constructora deforestó varias hectáreas, que terminaron afectando la flora y fauna silvestre. Refieren que no hubo estudios de impacto ambiental antes del otorgamiento de esos permisos. Ambos casos fueron denunciados ante la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público.

Concluidas las exposiciones de los vecinos, el ingeniero Manuel Zerpa criticó el otorgamiento de los permisos de desmalezamiento de la Dirección de Ingeniería Municipal de Baruta, al igual que la falta de definición de lo que se conoce como Ramo 50, instrumento con el cual Colinas de Bello Monte y otras zonas de Baruta corren el riesgo de perder su condición de zona residencial.

En la Asamblea  se aprobó, entre otras cosas, concederle a los peticionarios de los casos discutidos modelos de recursos administrativos que puedan ejercer tanto en sede administrativa como judicial para obtener respuestas de las autoridades municipales. Asimismo, exigir al Ejecutivo Municipal hacer públicos, en el portal web de la Alcaldía, los criterios y requisitos para el otorgamiento de las licencias económicas bajo la modalidad Ramo 50. Igualmente exigir la implementación del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) en el municipio Baruta, y  ofrecer respuesta oportuna a las peticiones de los ciudadanos que así lo requieran.

La Dirección de Ingeniería Municipal de Baruta no responde a los reclamos y en el Concejo Municipal se les da un derecho de palabra a los ciudadanos, se nombran comisiones de las cuales se esperan resultados, y aún así, no cumple su función contralora de interpelar y sancionar a las autoridades municipales competentes.

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