Las coordinaciones regionales de Creemos Alianza Ciudadana, junto a las comisiones electorales elegidas en cada estado, trabajan en estos momentos en la convocatoria a las elecciones para la renovación de su liderazgo.

 Cada coordinación local y regional estará conformada por siete miembros, cinco principales y dos suplentes, quienes serán elegidos por todos los miembros de Creemos Alianza Ciudadana que están registrados en las bases de datos de cada coordinación local.

 Este proceso es fundamental para asegurarnos de que al frente de cada coordinación local esté lo mejor del liderazgo de cada comunidad, y las coordinaciones regionales en las manos de los líderes más capaces y comprometidos de cada estado.

El martes 23 de agosto la dirección regional de Creemos Alianza Ciudadana en Falcón acompañó la justa lucha de los trabajadores universitarios, de educación básica y  media, eléctricos, petroleros y de salud, en una asamblea intergremial que reunió, en la plazoleta Seminario, a un centenar de personas que reclaman una mejor calidad de vida y un salario acorde a la realidad económica del país.

 Eddy Timaure, coordinador regional, y varios miembros de CAC Falcón, exigieron igualmente la eliminación del instructivo ONAPRE, el respeto a las contrataciones colectivas y a la organización sindical, así como un salario conforme a lo establecido en la Constitución.  

La coordinadora de Creemos Alianza Miranda, Judith Brazón, se pronunció sobre presuntas irregularidades cometidas en el municipio Baruta, al ser consultada por El Estímulo en un reportaje publicado este jueves 25 de agosto y titulado:  Baruta, el rico municipio donde vecinos desafían los manejos turbios de la alcaldía.

Brazón sostuvo que “el uso indiscriminado del Ramo 50, figura devenida en caja negra, que al parecer fue creada para que el Servicio Autónomo de Administración Tributaria de Baruta (Semat) pudiera cobrar los impuestos a los negocios que operaban sin licencia, ha servido en los últimos años para autorizar el funcionamiento de comercios en zonas residenciales, cuyos beneficiarios alegan habérsele otorgado licencias de funcionamiento”.